15 Ene 2020

EL PAIS, 15 Enero 2020. El largo pulso de la compañía energética Naturgy —antigua Gas Natural— para intentar sacar adelante su proyecto completo de almacén gasístico en los yacimientos ubicados entre las provincias de Huelva y Sevilla ha entrado en una fase decisiva. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado el veto que impuso ese Gobierno regional —cuando estaba en manos de los socialistas— contra uno de los cuatro subproyectos en los que se dividió esta obra para su tramitación administrativa. En concreto, se trata de la obra denominada Marismas Oriental, que se adentra en parte dentro del espacio protegido de Doñana; la afección al emblemático parque natural fue el principal argumento empleado por la Junta en 2016 para denegar a la compañía la autorización ambiental que requería para sacar adelante esta infraestructura que está rodada de la polémica.

Pese a la importancia de esta sentencia, el TSJA será escenario de una batalla todavía más importante relacionada con este caso: la resolución de la reclamación patrimonial que interpuso contra el Gobierno andaluz Naturgy por la paralización de este almacén. La compañía reclamaba a la Junta unos 358 millones de euros y se está a la espera de que este tribunal emita su sentencia.

De momento, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA sentenció el pasado 23 de diciembre que el veto impuesto en su día contra el subproyecto Marismas Oriental fue ajustado a derecho. “Esta sentencia da pistas sobre lo que puede ocurrir con la reclamación económica”, ha valorado este martes el socialista José Fiscal, el exconsejero de Medio Ambiente de Andalucía que aprobó la resolución que ahora ha respaldado el TSJA.

El principal argumento que empleó la Junta de Andalucía cuando denegó la autorización fue un informe elaborado por el Espacio Natural de Doñana en 2015 en el que se advertía de que las obras previstas eran incompatibles con el plan de ordenación de este importante parque que, entre otros reconocimientos, está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La empresa, por su parte, alegó que el proyecto previsto solo consistía en una “mera mejora actuación preexistente”, en referencia a las instalaciones para la extracción de gas que existen en la zona desde los años ochenta del siglo pasado. Sin embargo, el alto tribunal rechaza los argumentos de Naturgy ahora y asegura que la obra “comportaría una nueva infraestructura” incompatible con el plan de ordenación de Doñana, por lo que respalda el veto impuesto. La empresa, que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, tiene la vista puesta ahora en la reclamación patrimonial que también debe resolver el TSJA.

La extracción de gas de estos yacimientos se remonta a los años ochenta. Pero a principios de este siglo la empresa planeó ampliar los sondeos y utilizar en un futuro los yacimientos para almacenar gas. La compañía troceó el proyecto en cuatro para su tramitación ambiental y fue recibiendo el visto bueno de la Administración central y, en algunos casos, de la andaluza. Pero en 2013 —con José Antonio Griñán de presidente andaluz y el actual ministro Luis Planas de consejero de Medio Ambiente— la Junta decidió paralizar la tramitación de los permisos. El Tribunal Supremo obligó en 2016 al Gobierno andaluz a levantar esa paralización. Fue entonces cuando la Junta dio el visto bueno a los tramos que no afectaban a Doñana, pero vetó el subproyecto Marismas Oriental por adentrarse dentro del espacio protegido y ser incompatibles las obras con la conservación del parque. Hay otro de los cuatro subproyectos —denominado Saladillo— que también atraviesa el espacio protegido y que tampoco ha recibido todos los permisos de la Junta de Andalucía.

Triunfo de la conservación
La obra completa contemplaba una red de 14 pozos de extracción y 70 kilómetros de tuberías. Parte de estas instalaciones ya están en la zona y de nueva construcción serían unos 20 kilómetros de gasoductos y cinco sondeos. El coste que preveía la empresa para acometer los cuatro subproyectos ronda los 200 millones de euros. Pero de esos cuatro subproyectos en los que se dividió la actuación, solo uno se acometió y está plenamente operativo. Se trata del denominado Marismas Occidental que no entra dentro del espacio protegido y que, según la empresa, opera como almacén gasístico desde 2012. Por esta instalación, que se considera estratégica en la planificación energética del país, la empresa recibe anualmente una retribución, de unos seis millones de euros, que pagan a través de su factura todos los consumidores de este combustible.

La organización ecologista WWF, que siempre se ha opuesto a este proyecto, ha aplaudido la sentencia. En su opinión, se trata de “un triunfo indudable en la lucha por conservar Doñana”. Recordó que el fallo se suma a los pronunciamientos negativos de “organismos internacionales como la Unesco o el Parlamento Europeo”, así como “del Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía o los defensores del pueblo español y andaluz”.

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