16 Oct 2018

EL ECONOMISTA, 16 Octubre 2018. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha decidido eliminar de la propuesta de orden por la que se reconoce la retribución de los costes de operación y mantenimientos de las instalaciones singulares de transporte del sistema gasista las correspondientes al polémico almacén de gas Castor. La Sala de Supervisión regulatoria considera que no debe incluirse esta instalación para cumplirse la sentencia del Tribunal Constitucional.

Enagás gestiona en estos momentos el polémico almacén por encargo del Gobierno y esperaba que esta situación se resolviera cuanto antes, ya que los pagos que recibe nada tienen que ver con el proceso de construcción de dicha planta, ni los problemas que generó posteriormente de terremotos en la costa de Castellón cuando dicha planta era propiedad de ACS y Escal. La Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017 anulaba y declaraba inconstitucional, entre otros, el artículo 6 del Real Decreto-ley 13/2014 que establecía los derechos económicos de Enagás Transporte por la realización de las operaciones necesarias para el mantenimiento de Castor tras su hibernación y el proceso de devolución al Estado, acutal propietario de la plan- Nuevo consejero por la SEPI.

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha presentado una moción en el Senado en la que se propone el desmantelamiento de la planta y creación de una auditoría técnica sobre el proyecto Castor de cara a reclamar posibles responsabilidades por su mal funcionamiento en el momento en el que la empresa Escal UGS fue compensada económicamente. La moción se encuentra pendiente desde el 2 de octubre de una reunión de la comisión para que pueda seguir su curso. Por el momento, el Ministerio no ha solicitado ningún informe sobre el posible desmantelamiento. Enagás confiaba en que el sistema gasista compensara los gastos anuales del Castor, de 8 millones de euros.