14 Mayo 2018
EXPANSION, 14 Mayo 208. La escalada del petróleo se ha convertido en la mayor amenaza para la aceleración de la economía española. La tensión nuclear entre Estados Unidos e Irán y el desplome de la producción de Venezuela llevaron la semana pasada al crudo Brent, la referencia en Europa, a superar de forma puntual los 78 dólares por barril. Y algunos analistas calculan ya que podría superar los 100 dólares en los próximos meses. Un escenario que supondría un lastre muy pesado para nuestro país. La enorme dependencia energética de España –importa 1,2 millones de barriles al día– le expone más que a otras economías de nuestro entorno ante un repentino encarecimiento de la principal materia prima que adquiere al exterior. La previsión del precio medio del petróleo que incluyen los Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando en el Congreso de los Diputados es de 66,4 dólares por barril, lo que da la medida del desfase respecto a la cotización del crudo. Un sobrecoste que no sólo será apreciable en el esperado repunte de la inflación a partir del dato de este mes de mayo, sino también en un menor consumo de los hogares y en la pérdida de competitividad empresarial. Un contratiempo que coincide con la menor fuerza de otros vientos de cola que han impulsado el crecimiento de la economía española en los últimos años: el incremento de la demanda procedente del resto de la zona euro, la demanda embalsada de bienes duraderos o la llegada masiva de turistas extranjeros, que empezó a desacelerarse en el primer trimestre debido a la mejora del contexto sociopolítico en destinos competidores del Mediterráneo. El sobrecoste de las importaciones energéticas provocado por el repunte del petróleo –estimado en unos 7.700 millones de euros para este año a los precios actuales– tendría un impacto considerable sobre sectores como la industria, la agricultura, el comercio, el transporte o el turismo. Por otro lado, el Gobierno estima que un coste sostenido de los carburantes en los niveles de las últimas semanas provocaría que el consumo pase de aumentar un 2% al 0,5%, lo que a su vez llevaría a que el PIB avance tan sólo un 2% frente al 2,7% esperado, comprometiendo así el ajuste del déficit público. También la creación de empleo se resentiría. Ante este entorno adverso, conviene retomar fórmulas para defender la competitividad ganada como la moderación salarial, la flexibilidad laboral o el aumento de la productividad.